El programa de gobierno
de López estuvo impulsado por la necesidad de aumentar la capacidad económica
del país. Lo que se traducía en estimular la capacidad productiva del trabajo y
las ofertas del mismo. Este programa económico se basaba en un principio
constitucional, ya que en la
Constitución de 1936 se establecía que:
La ley dispondrá lo necesario para la mayor
eficacia y estímulo del trabajo, organizándolo adecuadamente y estableciendo la
protección especial que deberá dispensarse a los obreros y trabajadores, para
proveer el mejoramiento de su condición física, moral e intelectual, y al
incremento de la población. El Estado promoverá el amparo de la producción y
establecerá las condiciones del trabajo en la ciudad y en el campo, teniendo en
vista la protección social del obrero y del jornalero y los intereses
económicos del país[1].
De
este modo, se ampara la libertad de industria y de trabajo, las cuales sólo
tendrán las limitaciones que impongan el interés público y las buenas
costumbres. No era para menos en un Estado liberal.
Las libertades relativas al trabajo deberán
reglamentarse con el objeto de evitar los conflictos sociales a que puedan dar
lugar cuando se ejerce en contra de los intereses de la comunidad. En un
régimen de legalidad, los derechos de los patronos y de los obreros tienen que
concurrir a una finalidad común, o sea, la de crear la mayor suma de riqueza
pública y de bienestar individual[2].
El interés de López
consiste en garantizar la paz, pero una paz que siempre estará subordinada a
los intereses y en beneficio de la clase propietaria de los medios de
producción. Existe una intrínseca relación irrenunciable entre la imposición
del modelo liberal y la subordinación de las mayorías; mantener esta intrínseca
relación es lo que el lopecismo denomina el interés nacional. “La consigna que
debe guiar nuestros esfuerzos debe ser la de trabajar, en armoniosa conjunción
de voluntades, en un solo propósito: el bien de la Patria y la felicidad
común”[3]. La «felicidad
común» en un país de infelices Juan Bimbas, una ironía.
El lopecismo como régimen democrático liberal
desconoció la existencia de las luchas de clases. Para López, en Venezuela no
había lucha de clases porque no existía el capital y el trabajo no se había
desarrollado. Un argumento muy bien forjado, no hay capital ni trabajo, por
tanto, no hay luchas de clases.
El desarrollo económico
introdujo cambios fundamentales en la estructura social venezolana. La
población rural liberada de la dependencia de la tierra e incorporada como mano
de obra asalariada a las explotaciones petroleras integró los primeros
elementos para la formación de una nueva clase social. El moderno proletariado
venezolano se caracterizó por estar en íntima conexión con las formas más
avanzadas de la economía industrial y sin más propiedad que la de vender su
fuerza de trabajo[4].
La huelga de los trabajadores petroleros de 1937 finalizó con la ilusión de una
democracia feliz.
La clase media participó
en la lucha de clases organizándose en partidos políticos. La burguesía nacional,
por su parte, mantuvo el modo de producción pre-capitalista y semi-feudal,
sacando provecho de la ausencia de un desarrollo industrial, convirtiéndose en
un freno para el capitalismo industrial. Lo que hizo esta burguesía parasitaria
fue aumentar el capital usurario surgido de inversiones en actividades
improductivas[5]
y además reforzado por la ausencia de una política económica[6].
[1] Constitución de los Estados
Unidos de Venezuela de 1936, Artículo 32, numeral 8º.
[2] Eleazar López Contreras.
“Gobierno y época del Presidente Eleazar López Contreras”, El pensamiento
político venezolano del siglo XX, Vol. 17, p. 76.
[3] Eleazar López Contreras. Op.
cit., p. 152.
[4] Cfr. Federico Brito Figueroa. Historia
económica y social de Venezuela, Tomo II, pp. 409-419.
[5] Cfr. Ibid., p. 409.
[6] Cfr. Rómulo Betancourt.
Venezuela, política y petróleo, Caracas, Monte Ávila Editores, 2001, p. 119.
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